Medidas de acción positiva

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Medidas de acción positiva: Reflexión y conclusiones

Recientemente, un antiguo profesor de mi facultad compartía en las redes sociales una columna publicada en un periódico local aludiendo a que las medidas de acción positiva o discriminación positiva rompían el principio de igualdad y, por tanto, eran perjudiciales para la mayoría.

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Se refería y aludía a las medidas emprendidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en base a las políticas de cuotas pero, obviamente, como persona con discapacidad, me sentí interpelado por dicha temática y le puse un comentario breve comentando que las medidas de acción positiva tiene como fin favorecer a colectivos que, históricamente, han tenido más difícil el acceso a los medios de vida y, por tanto, han tenido un punto de partida desigual respecto a los demás. Ello es un debate filosófico y de principios que toda la sociedad debe plantearse para tomar las medidas más adecuadas, dirigidas en mayor medida a esos colectivos que parten de situación de desigualdad real y efectiva, sin obviamente romper el principio de igualdad, mérito y capacidad que rige la vida estudiantil y profesional.

A lo largo de mi vida, como estudiante y funcionario con discapacidad he tenido algunas experiencias que se han podido considerar diferentes al resto. Por ejemplo, que pueda tener más tiempo en un examen lo considero justo, ya que yo no tengo la misma velocidad para escribir que los demás y consideraría que, al no dármelo, sí que se me estaría impidiendo poder desarrollar un examen en igualdad de condiciones. Si bien algunos profesores entendieron sin problemas esta casuística, a otros por el contrario les costó asumirlo y, lógicamente, lo tuve que pelear más. O, por ejemplo, cuando he realizado un examen tipo test en alguna oposición, he solicitado que una persona del tribunal me vaya marcando en el papel oficial la casilla que yo le indico que es la correcta, ya que la máquina de corrección del examen está preparada de tal modo que, si te sales de la casilla, aunque sea levemente, lo contaría como una respuesta errónea y mi pulso no es igual al resto. He de ser franco y felicitar al Instituto Andaluz de Administración Pública porque nunca tuve impedimento en que se me pusiera esa adaptación. Sin embargo, nunca he pretendido y hasta lo consideraría injusto que se me evaluase más benévolamente solo por el hecho de ser una persona con discapacidad; en eso tampoco podemos caer porque si no acabaríamos volviendo a la visión paternalista y lastimera que creo que nunca favorece nuestro pleno desenvolvimiento como personas.

Otras medidas de acción positiva que destacar es el establecimiento del 7% de reservas de plazas en toda convocatoria de plazas de empleo público tanto de laboral como de funcionario. Aunque en alguna ocasión me he podido acoger a dicha medida, afortunadamente no me hizo falta, ya que estaba dentro de los números de plazas establecidos con carácter ordinario, pero sin duda, si me hubiese hecho falta, me hubiese acogido sin dudarlo. Y os voy a decir por qué.

El colectivo personas con discapacidad no tiene a su alcance las mismas posibilidades de empleabilidad que el resto de los mortales.

Cuando yo era joven tenía compañeros estudiantes que se ganaban la vida o se sacaban un dinero de camarero (un ejemplo); ese tipo de trabajos que requieren presencia física o destreza física y manual estaba absolutamente vetados por mí. Sabemos también, por otro lado, que el desempleo en nuestro colectivo es estadística y porcentualmente mayor que en el resto. Por tanto, considero una medida razonable, máxime cuando, eso sí, se aplica el cupo de reserva una vez superada la fase de oposición, nunca se establece previamente. Evidentemente, si se designara a una persona funcionaria sin haber aprobado las pruebas, entonces sí que estaríamos hablando de ruptura del principio de la igualdad y en ese caso no lo compartiría, porque se trata siempre y ante todo de demostrar que somos aptos y que nadie nos regala nada. Debemos ser extraordinariamente cuidadosos en nuestro colectivo para, al mismo tiempo que exigimos igualdad, no caer en el efecto péndulo de pedir tratos de favor que reforzarían esa imagen que se nos atribuye históricamente de seres desvalidos y débiles. Y en eso no debemos ni caer ni claudicar.

Repasando varias medidas más, nos encontramos una reducción del IRPF en las nóminas, con la lógica de que nuestros gastos sociosanitarios son mayores que los del resto de la población o la reserva de plazas de pisos de VPO para viviendas de libre accesibilidad. En fin, se me podrá olvidar alguna, pero la mayoría las considero necesarias siempre y cuando no socaven el principio de igualdad y no conlleven un trasfondo paternalista-proteccionista.

Considero que desde que llegó la democracia a nuestro país ha habido ciertos avances innegables en pro de la igualdad y la inserción social de las personas con discapacidad. Por ejemplo, a principio de los años ochenta, mis padres se las vieron y se las desearon para escolarizar a su hijo con parálisis cerebral. Eso pienso que es impensable actualmente, al menos por ley (desconozco si se dan casos, espero que no). En caso contrario se estarían vulnerando muchos preceptos recogidos en leyes educativas, la Ley de Integración Social del Minusválido, etc. Sin embargo, aún siguen existiendo muchos obstáculos –tanto endógenos como exógenos– de orden mental y social que impiden nuestro libre desarrollo como personas. Es decir, el “no puedo” te lo puede decir la propia sociedad con su actitud, tu propia familia y, por qué no decirlo, y haciendo autocrítica por nuestra parte, en muchas ocasiones somos nosotros mismos quienes nos ponemos nuestros límites y barreras donde realmente no las hay. De hecho, las propias barreras mentales, además de las físicas, pueden ejercer un poder enormemente paralizante y limitador.

@Javier Manuel Aguirre Barco

Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de Archivistica de la Junta de Andalucía.

 

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